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POR Jesús Abbud Yepiz

La corrupción, el crimen organizado, la evasión fiscal, la informalidad y demás actividades ilegales tienen un denominador común: todas sus transacciones financieras y económicas se realizan a través del efectivo como medio de pago.

 Según MasterCard Advisors, en su estudio “Measuring progress toward a cashless society (Midiendo el progreso hacia una sociedad sin dinero en efectivo)” el 96% de las transacciones en México se hacen en efectivo. Esta situación encuba informalidad, lo que a su vez se traduce en menor recaudación del Estado mexicano y por tanto menor presupuesto para atender temas prioritarios como lo son la pobreza, la educación, la salud, la seguridad pública y el desarrollo económico, entre otros. Además, el uso del dinero fiduciario (billetes y monedas) como medio de pago blinda transacciones ilegales que tienen que ver con narcotráfico, moches en el sector público y privado, y demás actos de corrupción. Los países en los que al menos el 20% de los adultos usan pagos electrónicos tienen en promedio el doble de calificación en el Índice de Corrupción de Transparencia Internacional.


         Las políticas públicas sobre este tema deben buscar fomentar la inclusión de toda la sociedad civil en el uso de medios electrónicos de pago como tarjetas de débito, monederos electrónicos y dispositivos móviles, invertir en infraestructura tecnológica y redes para que el costo de la utilización de medios de pago electrónico sean cada menor, y se debe de reforzar la seguridad jurídica del sistema bancario mexicano para que estos medios de pago cuenten con el blindaje y la seguridad suficiente para que la gente confié en su funcionamiento. Según una investigación del Instituto Mexicano de la Competitividad (IMCO), en México casi 1 de cada 2 pesos que circulan en las transacciones económicas son dinero en efectivo, lo que significa que poten¬cialmente el 50% del PIB no se fiscaliza correctamente.

       Imaginemos que todas nuestras transacciones económicas se reflejan en el sistema financiero mexicano: todo ingreso y egreso quedaría registrado, susceptible a ser fiscalizado por la autoridad, con el afán de determinar una discrepancia fiscal o para combatir el lavado de dinero. Un sistema financiero completamente cerrado daría un fuerte golpe al narcotráfico, a la evasión fiscal, y a la corrupción: los moches y el dinero ilícito viajan en maletín. Las políticas públicas de hoy deben, al menos, buscar reducir el uso de efectivo a través de la eliminación de la circulación de billetes de alta denominación (no es lo mismo transportar un maletín con millones de pesos en billetes de 1000 que hacerlo en billetes de 200) y que los bancos reduzcan el monto máximo de retiro en cajeros automáticos. Solo por mencionar algunas estrategias.




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