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POR Jesús Abbud Yepiz

   La corrupción del sector gubernamental sucede, entre otros hechos, cuando sus miembros, por comisión u omisión, se desapegan y distraen de lo establecido en la Constitución Federal, Estatal...

   La corrupción del sector gubernamental sucede, entre otros hechos, cuando sus miembros, por comisión u omisión, se desapegan y distraen de lo establecido en la Constitución Federal, Estatal y de las Leyes que de estas emanan; es decir que, más allá de lo que la mayoría de las personas entienden como corrupción, esta se presenta de igual manera cuando quienes tienen la responsabilidad de servir a la sociedad, actúan en contra del bien común, inobservando la normatividad vigente aplicable.

   Sin embargo, como todo lo hecho por el ser humano, las Leyes Federales y Estatales son siempre perfectibles, ya que en muchas ocasiones lo que para la sociedad y el sentido común son actos de corrupción, para la Ley no lo son. Para muestra, la fracción primera del artículo 42, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Contratación de Servicios y Obra Pública del Estado de Chihuahua, es un ejemplo claro, ya que establece que los entes públicos se abstendrán de recibir propuestas o celebrar contratos con las personas físicas o morales, en las que el servidor público que intervenga en cualquier forma en la adjudicación del contrato, tenga interés personal, familiar o de negocios incluyendo aquellas de las que pueda resultar algún beneficio para él, su cónyuge o sus parientes consanguíneos hasta el cuarto grado, por afinidad, o para terceros con los que tengan relaciones profesionales, laborales o de negocios, o para socios o sociedades de las que el servidor público o las personas antes referidas formen o hayan formado parte.

   El texto de la Ley es claro, los Entes públicos no deben contratar con quienes sus miembros tengan un interés personal, familiar o de negocios. No obstante, la normatividad no establece conflicto de interés en aquellos casos en los que, de manera predeterminada y dolosa, se contrate con persona física o moral con la cual no exista conflicto de interés, más sin embargo, y que por la naturaleza de los bienes, servicios y/o arrendamientos pactados, estos se subcontraten con quienes el servidor público efectivamente presenta un evidente conflicto de intereses:

   El Municipio “X” cuyo Presidente Municipal es Juan Pérez Gonzalez, contrata con la persona moral  Agua Fantasma, S.A. de C.V., la compra de botellas de agua por un millón de pesos. Los socios de esta persona moral no tienen relación alguna con ningún funcionario del Municipio que intervinieron en el procedimiento de contratación. Sin embargo, detrás de bambalinas, se acordó que Agua Fantasma, S.A. de C.V., le comprara el agua embotellada a Alejandra Pérez Ramírez, madre del Presidente Municipal. ¿Corrupción? A mi juicio sí, pero completamente legal ya que el contrato está suscrito por Agua Fantasma, S.A. de C.V.

Es evidente que la fiscalización superior de los recursos públicos no podrá, de acuerdo a sus atribuciones y alcances, detectar diversos actos de corrupción debido a su naturaleza y a su ejecución quirúrgica (son corruptos, no idiotas), pero actos como el ejemplo presentado, a través de diferentes procedimientos de auditoría, son factibles de detectarse; lamentablemente en la actualidad aún no es considerado un acto ilícito. 

   El Poder Legislativo no debe permitir que las Leyes, decretadas en el pasado o por decretar en el presente, sean ambiguas y, sobre todo que, de manera directa o indirecta, permitan que actos corruptos y de beneficio personal de unos cuantos, queden apegados a derecho y por lo tanto impunes. Todo en perjuicio de la sociedad chihuahuense.

El Sistema Estatal Anticorrupción que viene para Chihuahua es, en justa medida,  esperanzador para quienes creen –me incluyo- que la corrupción es participe fundamental y, en consecuencia, culpable de la mayoría de los males que nos aquejan como sociedad, en cualquiera de los ámbitos en los que esta se presente. Más sin embargo, el ajuste y la limitación clara y precisa de la normatividad que prevé lo permitido o no del que hacer público será fundamental para que actos como el anteriormente expuesto no sucedan bajo el cobijo de la Ley, y por consecuencia se imposibilite su persecución y la  efectiva rendición de cuentas al quienes contribuimos al gasto público del país.
La verdad desde mi ignorancia.




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