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POR Jesús Abbud Yepiz

En los últimos tiempos muchos políticos y ex funcionarios nos han visto la cara a todos.

 Su modo: crear empresas fantasma, llamadas así, debido, entre otras cosas, a que su periodo de duración como contribuyentes activos es relativamente corto. Sin embargo, desde el punto de vista jurídico, estas empresas son tan reales como que todas, sin excepción, están constituidas ante notario público, están dadas de alta en el Registro Federal de Contribuyentes (RFC), tienen un domicilio fiscal, cuentan con Firma Electrónica Avanzada (FIEL) lo que les permite expedir Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI), y están registradas en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio. Además, a través de prestanombres, se abren cuentas bancarias para tener controlado el dinero.

 Una vez creadas las empresas fantasma, que cumplen todos los requisitos de la Ley pero sin contar con activos para operar, al interior de las Entes públicos se empiezan a maquinar los procedimientos para la asignación de contratos de manera discrecional, generalmente a través de adjudicación directa y exceptuando la licitación pública en los supuestos que prevé la Ley. Cuando el monto de los contratos a asignar es muy alto, se busca simular licitaciones restringidas o públicas, dándole el fallo a la empresa fantasma.

Una vez asignados los contratos, estos se cumplen a cabalidad con respecto al procedimiento establecido en el mismo para la realización de los pagos:

La empresa entrega una factura que reúne todos los requisitos legales vigentes y que ampara, desde el punto de vista contable, la comprobación de dicha erogación. Acto seguido, el Ente realiza un pago ya sea a través de cheque o transferencia a favor de la empresa.

Lo único que no se cumple de lo establecido en el contrato – que es lo más importante- es la prestación de un servicio o la entrega de bienes a favor del gobierno. Muchas veces –los más esforzados y menos descarados- buscan dejar evidencia documental creada de manera informal a través de expedientes o reportes falsos. Cuando son bienes consumibles se simula la entrada y salida de estos de los almacenes, entregando reportes de las dependencias que fueron los últimos consumidores. Ante esto, la auditoría pública poco puede hacer ya que la revisión se practica meses después de cerrado el ejercicio fiscal a revisar, por lo que, la determinación de fraude al erario público va más allá de los trabajos de fiscalización superior.

Por último, el dinero pagado por el gobierno por ninguna contraprestación termina, generalmente, en efectivo en las manos de quienes planearon el desfalco, partidos políticos o familiares.

Todos los actos ilícitos anteriormente descritos están encuadrados en distintos delitos, estipulados en el Código Penal Federal: peculado, crimen organizado, lavado de dinero, enriquecimiento ilícito y defraudación fiscal.

Estos actos de corrupción, grotescos y escandalosos, en donde los amantes de lo ajeno que laboran en el sector público y lo peor, aquellos a los que el pueblo les encomendó velar por los intereses de toda la sociedad, han sido muy comúnmente utilizados para extraer de las arcas públicas, de todos los órdenes de gobierno, el dinero necesario, primero, para saciar la avaricia personal y familiar, y segundo, para financiar campañas políticas a sus partidos con la finalidad de seguir ocupando el poder público y por ende permanecer impunes.

¿SOLUCIÓN?

Quizá teóricamente la solución no sea tan complicada, sin embargo, la corrupción que se vive en México es muy sofisticada ya que involucra a funcionarios de todos los niveles de gobierno y de un sinfín de sectores que permiten que muchos actos ocurran bajo el cobijo de la impunidad. Lo ideal, tanto para aumentar la recaudación tributaria, como para combatir la evasión fiscal y la corrupción sería limitar el uso de efectivo en el país, ya que permitiría que todas las transacciones que se den en la economía pasaran por el sistema financiero mexicano, dejando huella y permitiendo así la óptima fiscalización de las transacciones gracias al rastro dejado. Sin embargo, de acuerdo a nuestra economía, la condición social general del país y los intereses de muchos políticos a los que no les conviene que las cosas cambien, esta posibilidad es muy remota.

La verdad desde mi ignorancia.




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