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POR Jesús Abbud Yepiz

En una república –como la nuestra- la Ley es el Rey. Nuestra norma fundamental es la Constitución, establecida para regir jurídicamente al país, la cual fija los límites y define las relaciones entre...

CONTRIBUIR AL GASTO PÚBLICO DEL PAÍS VS DEFICIENTE ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS

En una república como la nuestra, la Ley es el Rey. Nuestra norma fundamental es la Constitución, establecida para regir jurídicamente al país, la cual fija los límites y define las relaciones entre los poderes de la federación (legislativo, ejecutivo y judicial) y entre los 3 órdenes diferenciados de gobierno (federal, estatal y municipal), es también, en resumidas cuentas, el pacto supremo de la sociedad mexicana, en sus deberes y derechos, es decir que, como regla general, nada ni nadie debe de estar por encima de los intereses de esta.

No obstante, en la práctica se le da cumplimiento de manera discrecional, según intereses particulares, tanto de agentes públicos como privados.

OBLIGACIÓN DE TODOS LOS MEXICANOS DE CONTRIBUIR A LOS GASTOS PÚBLICOS DEL PAÍS

La fracción IV del artículo 31 de nuestra Constitución establece la obligación de los mexicanos de contribuir para los gastos públicos del país, de la manera proporcional y equitativa que dispongan las Leyes.

Según información de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de nuestro país, durante el 2016 la recaudación de los ingresos presupuestarios ascendió a 4 billones 845,530.33 millones de pesos.

A través de estos, el Estado Mexicano financió los gastos establecidos en el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2016 para cumplir con las metas y los objetivos plasmados en el Plan Nacional de Desarrollo y que, por norma, las Entidades Federativas y los Municipios, debieron a su vez ser congruentes con este, por medio de sus propios Planes de Desarrollo y sus Presupuestos de Egresos.

Aunado a lo anterior, el artículo 108 del Código Fiscal de la Federación establece que el delito de defraudación fiscal lo comete quien con uso de engaños y aprovechamiento de errores, omita total o parcialmente el pago de alguna contribución u obtenga un beneficio indebido en perjuicio del fisco federal. La defraudación fiscal, a partir del 2012 se castiga con cárcel.

Los mexicanos sacrificamos una parte de nuestro ingreso y pagamos un valor agregado en los de bienes y servicios que adquirimos. En caso de omitir de manera dolosa estos sacrificios, las sanciones podrán ser desde pecuniarias hasta privativas de la libertad porque, de acuerdo a la teoría de la república, este comportamiento contraviene lo estipulado en la Constitución.

OBLIGACIÓN DE LOS FUNCIONARIOS DE ADMINISTRAR DE MANERA CORRECTA LOS RECURSOS PÚBLICOS.

El artículo 134 establece en su primer párrafo que los recursos económicos que dispongan la Federación, las entidades federativas, los Municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, se administraran con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que estén destinados. Lo anterior, de manera muy general, nos habla de que en cada entidad pública de México debiesen existir buenas planeaciones, que presenten objetivos claros, medibles y realizables, pero sobre todo, que los mismos, de lograrse, representen una mejora sustancial en la vida de todas las personas. Los entes, además, debiesen establecer una correcta organización de sus funciones para hacer rendir sus recursos y lograr las metas establecidas en la planeación; deberían contar con liderazgos preparados que encaminen una buena dirección de los esfuerzos para que coadyuven, de nuevo, a alcanzar estas metas. Así mismo, deben establecer los controles suficientes que les permitan mitigar riesgos de posibles desviaciones de las metas y así corregir oportunamente. Sin dejar de lado la obligación de ser transparentes y contrarios a corruptos, en relación al principio de honradez.

¿Cumplen con esta disposición constitucional los Municipios, los Estados y la Federación?

Usted, estimado lector, saque sus conclusiones.

 

TRATAMIENTO DISPAR ENTRE ¨MALOS CONTRIBUYENTES¨ Y ¨MALOS ADMINISTRADORES¨

Luego, dentro del Código Fiscal de la Federación, en su artículo 69, se establece, en resumidas cuentas, que el SAT podrá publicar en su página de internet, el nombre, denominación o razón social y clave del registro federal de contribuyentes, que tengan a su cargo créditos fiscales firmes; créditos fiscales determinados, que siendo exigibles, no se encuentren pagados o garantizados en alguna de las formas permitidas por este Código; que estando inscritos ante el registro federal de contribuyentes, se encuentren como no localizados; que haya recaído sobre ellos sentencia condenatoria ejecutoria respecto a la comisión de un delito fiscal, que tengan a su cargo créditos fiscales que hayan sido afectados en los términos de lo dispuesto por el artículo 146-A del Código Fiscal de la Federación y que se les hubiere condonado algún crédito fiscal. El SAT, legalmente puede exhibir a los malos contribuyentes. 

No obstante, gran parte de los Entes públicos de nuestro país, por medio de los funcionarios designados por Ley para administrar los fondos públicos de todos los mexicanos, incumplen con alguno de los preceptos establecidos en el primer párrafo del artículo 134 de la constitución federal y, a la fecha, en el compendio de Leyes de nuestro país, no se cuenta con algún ordenamiento que obligue  y/o permita a las Entidades de Fiscalización Superior de las Entidades Federativas, a la Auditoría Superior de la Federación u alguna otra autoridad fiscalizadora, de publicar en sus páginas de internet los nombres de aquellos funcionarios públicos, que de acuerdo a su encargo y a las obligaciones y atribuciones que marca la Ley, hayan administrado los recursos de todos los mexicanos en desapego a los principios de eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez.

Esta disparidad, entre la exhibición pública de los malos contribuyentes que deciden no  sacrificar el disfrute de sus ganancias para contribuir a los gastos del gobierno por parte del Servicio de Administración Tributaria (SAT) y la ocultación o inexistencia de un listado de malos administradores de los fondos públicos del país, aunada a la creciente desconfianza y hartazgo de la ciudadanía en el gobierno, hace fundamental la necesidad de que los aparatos administrativos de los 3 órdenes de gobierno de México mejoren continuamente su proceso administrativo con el objetivo central de mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, por medio de la correcta aplicación de los recursos públicos en beneficio del colectivo nacional y, en consecuencia, se logre justificar y motivar a combatir la evasión fiscal en México. La deficiente administración de los fondos públicos debiese considerarse también un acto de corrupción porque va en detrimento de la sociedad.  

Un país con mayor recaudación, buena administración de los recursos, menos corrupción, cero impunidad, apego a derecho y mayor educación, se transforma en una nación prospera.

 

 




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