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POR Jesús Abbud Yepiz

A principios del año 2000, el promedio de deuda de los Estados y Municipios respecto a las participaciones federales era cerca del 50%, a principios del 2016, dicho nivel superó el 80%, es decir, la deuda...

A principios del año 2000, el promedio de deuda de los Estados y Municipios respecto a las participaciones federales era cerca del 50%, a principios del 2016, dicho nivel superó el 80%, es decir, la deuda ascendía a 530 mil millones de pesos, equivalentes a cerca del tres por ciento del PIB nacional. Si bien, en la actualidad, dichas cifras no representan un riesgo para las finanzas públicas de México, sí es una alerta para algunos Estados y Municipios que están muy cerca de comprometer la estabilidad de sus finanzas en un futuro no muy lejano. 

        Aunado a estos crecientes niveles de endeudamiento, lo que genera mayor preocupación es la opacidad respecto al uso de estos recursos, provocando suspicacia en la sociedad respecto a la probidad de quienes se dedican a velar por los intereses del pueblo y, en consecuencia, la confianza en las instituciones públicas de nuestro país disminuye. Por si esto no fuera poco, los crecientes escándalos de corrupción de distintos gobernadores y presidentes municipales que revelan enriquecimiento ilícito, uso abusivo de funciones y desvío de fondos, y que, acto seguido, lapidan, de manera directa o indirecta el desarrollo sostenible del territorio que representan a través de bienes y servicios públicos deplorables, empobrecimiento de los más desprotegidos, inseguridad, perdida del estado de derecho, entre muchas otras calamidades más; abonan a que la profunda desconfianza se transforme rápidamente en hartazgo.

        La Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, publicada el 27 de abril del año pasado, tiene como finalidad promover finanzas públicas locales sostenibles, un uso responsable de la deuda pública, así como robustecer la rendición de cuentas y la transparencia a través de cinco componentes principales que, en su conjunto, propiciaran mitigar de manera razonable la problemática planteada en párrafos anteriores:


1.    Reglas de disciplina hacendaria y financiera: Estas reglas incentivan finanzas públicas sanas por medio de la procuración de un balance presupuestario sostenible. Se cumple con esta condición, cuando al final del ejercicio fiscal y bajo el momento contable devengado (recepción de conformidad de bienes y servicios por la entidad), dicho balance sea mayor o igual a cero. Es decir, sin déficit presupuestario (gastar únicamente lo que se recauda)
NOTA: Balance presupuestario: la diferencia entre los Ingresos totales incluidos en la Ley de Ingresos, y los Gastos totales considerados en el Presupuesto de Egresos, con excepción de la amortización de la deuda.

2.    Registro Público Único: El registro se utilizará para para inscribir y transparentar la los financiamientos y obligaciones contraídas por los Entes.

3.    Sistema de Alertas: Este sistema alerta sobre el riesgo ante los endeudamientos de los Estados y los municipios y obliga a cumplir con convenios de responsabilidad hacendaria 

4.    Contratación de deuda y obligaciones: Se garantiza que se contrate deuda al menor costo financiero y de manera transparente con fines que generen valor público para la sociedad (apalancamiento para estimular el desarrollo)

5.    Deuda Estatal Garantizada: El Gobierno Federal dará su aval crediticio con la finalidad de que los estados y municipios accedan a un financiamiento más barato.

Desde la perspectiva financiera y legal, la deuda, en el sector público, debe ser utilizada como apalancamiento que posibilite potenciar el crecimiento económico y el desarrollo social a través de proyectos rentables que representen mayores ingresos para el gobierno o bien, genere valor público para la sociedad a través de más y mejores escuelas, hospitales, carreteras, puentes, mejores servicios de salud, mejores corporaciones que velen por la seguridad pública, entre otros. 

         Por otra parte, para que esta legislación sea eficaz, deberá ir acompañada de sanciones ejemplares para quienes, por comisión u omisión, incumplan con sus disposiciones. La ausencia de consecuencias por incumplimiento de las Leyes que rigen la materia, es lo que incentiva a los responsables a seguir cometiendo dichas inobservancias.

La verdad desde mi ignorancia.




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