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POR Jesús Abbud Yepiz

La figura del síndico municipal en Chihuahua, como en la mayoría de los municipios en el país,..

Ha sido muy controversial, principalmente por las grandes inconsistencias e incongruencias que presenta su marco legal y, sobre todo, por la ineficacia de su trabajo –no por su culpa- y que para la mayoría de los críticos más feroces representa una figura que no genera valor público para la sociedad y esto se traduce en gastos y disposición de recursos que pudiesen ser utilizados en otros rubros en favor del colectivo municipal. Además, muchas veces es utilizado como un espacio político de relleno para los partidos, sin que los aspirantes reúnan los más mínimos cocimientos en administración, contabilidad, auditoría y demás disciplinas esenciales para ser el Fiscalizador Municipal.

Las criticas nacen, principalmente, porque para muchos las funciones del síndico están duplicadas con otras instancias de fiscalización local y nacional; porque al ser un puesto de elección popular, si el Presidente Municipal es del mismo partido pasa a convertirse –al menos ante la opinión pública- en un fiscalizador dependiente y carente de autonomía por compartir mismos intereses políticos; porque de ser contrario al partido del Presidente, se concibe como una “piedra en el zapato” que lo único que busca es desacreditar y frenar los trabajos de la administración en curso, sesgando el aspecto técnico de la auditoría pública con sus intereses partidistas; además, porque los señalamientos u observaciones que pudiese determinar un síndico en Chihuahua no son vinculantes, es decir que, las irregularidades que el pudiera detectar, requieren del pleno del Ayuntamiento para que este decida interponer responsabilidades administrativas, civiles o penales.

Hay mucha derrama de fondos públicos para sostener las campañas de los aspirantes a síndicos municipales y los gastos continúan una vez que están en su encargo sin ver resultados que justifiquen esas cantidades de dinero. Hay que cambiar varias cosas para que el Síndico deje de ser un adorno:

El artículo 30 del Código Municipal para el Estado de Chihuahua (CMPECH) establece, en su segundo párrafo, que, para el desempeño de sus funciones como síndico, este contará con un cuerpo de colaboradores cuyo número será determinado conforme al presupuesto que anualmente le sea asignado. Además, el artículo 36, dispone que en cada presupuesto de egresos de cada municipio deberá preverse recursos suficientes para que el Síndico pueda cumplir con eficacia las funciones que le corresponde. Es decir que, a pesar de que el síndico fue elegido a través de elección popular al igual que el Presidente, el síndico está a expensas de las dadivas que el Presidente le quiera asignar al departamento de Sindicatura Municipal por medio del tesorero. Aquí se sesga la autonomía, la independencia y genera una cierta subordinación entre ambas figuras. Para evitar este tipo de situaciones, se podría determinar por Ley, que el presupuesto de la Sindicatura se determine a través de fórmulas y porcentajes con respecto al presupuesto aprobado de cada ejercicio fiscal.

El artículo 36 A de este mismo ordenamiento, en su penúltimo párrafo, establece que: “si al hacer la revisión encontrare irregularidades de cualquier tipo, el Síndico solicitará por escrito al titular de la dependencia que corresponda, que en un plazo de diez días hábiles, rinda ante él, las aclaraciones pertinentes y los archivos que las sustentan; si no le son remitidas o no fueren suficientes para aclarar las irregularidades, el Síndico rendirá inmediatamente al Ayuntamiento un informe detallado para que éste determine las responsabilidades administrativas, civiles o penales que correspondan. Entiéndase entonces que, de detectarse algún fraude al erario público, desvío de recursos o cualquier otro acto ilícito, se le deberá preguntar al Presidente y a su grupo de regidores su opinión y poner a su consideración el actuar o no en consecuencia de las irregularidades detectadas, contra ellos mismos y sus colaboradores en la administración.   

El artículo 36 B, establece que, dentro de sus facultades y obligaciones, está la de asistir a las sesiones del Ayuntamiento y participar en las discusiones con voz, pero sin voto. La propia normatividad que regula su actividad lo establece como un adorno del H. Ayuntamiento.

En conclusión, el síndico está atado de manos en los Municipios de nuestro Estado porque no tiene autonomía presupuestal, sus trabajos no son vinculantes y no tiene voto en el Ayuntamiento. Es una figura que sirve, en la mayoría de los casos, para pagar facturas políticas dentro de los partidos y que ya estando en funciones lo único que representan es un gasto injustificado debido a todas las limitaciones que le impone el marco legal vigente. Es fundamental que se retome el tema del síndico municipal en nuestro congreso local y los ayuntamientos, ya sea para extinguir la figura si del análisis se desprende que no ha logrado su finalidad, o bien, que se le den las atribuciones legales para poder desempeñar de mejor manera su encargo, pero delimitado con ciertos requisitos técnicos y procedimientos para no convertirlo tampoco en un arma política que únicamente se dedique a limitar el quehacer del gobierno municipal en turno.

La verdad desde mi ignorancia.

 

 

 




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