probusiness

POR Jesús Abbud Yepiz

La cifra total del financiamiento público a partidos políticos nacionales en México de 1997 a 2017, según el INE, oscila en los $66,275,365,687.67 (sesenta y seis mil doscientos setenta y cinco millones...

La cifra total del financiamiento público a partidos políticos nacionales en México de 1997 a 2017, según el INE, oscila en los $66,275,365,687.67 (sesenta y seis mil doscientos setenta y cinco millones trescientos sesenta y cinco mil seiscientos ochenta y siete pesos con sesenta y siete centavos). 

Si dejáramos de considerar variables económicas y financieras a través del tiempo, este importe representaría en la actualidad el presupuesto de egresos aprobado para el ejercicio fiscal 2017 del Gobierno del Estado de Chihuahua; es también equivalente, si consideráramos un costo constante de $7,000.00 pesos por semestre en la UACH y que todas las carreras que oferta duraran 9 semestres, se podría cubrir el costo de la carrera profesional de 1,051,990 estudiantes al 100%. El verdadero valor de esta cifra se identifica cuando hacemos este tipo de comparaciones, además, en una evaluación objetiva, podríamos decir que el aumento de este financiamiento a través de los años, no va en relación di- recta con la mejora en la calidad de la democracia mexicana.

Las recientes catástrofes naturales que ha sufrido nuestro país, han generado una exigencia nacional unísona respecto a direccionar gran cantidad del dinero público que se destina a los partidos políticos para apoyar a la reconstrucción de nuestra nación. Por si no se necesitara más, la exigencia se vuelve feroz tras la palpable corrupción que impera en la mayoría de las entidades y a una evidente ineficiencia en la ad- ministración de los fondos públicos que no ha permitido mejorar las condiciones de vida de la mayoría de los mexicanos.

Por lo anterior y más, es urgente una reforma eficaz res- pecto a la fórmula que establece los montos del financiamiento que recibirán los partidos políticos, que refleje una considerable disminución de sus prerrogativas y estimule la mejora en la calidad de las candidaturas; sin embargo, creo que la eliminación total de este financiamiento pudiese ser severamente contraproducente, debido a lo siguiente:

En primera instancia, es fundamental mirar detenidamente el pasado y el presente de nuestro sistema político-económico, el cual no ha sido capaz de distribuir la riqueza de manera más equitativa y justa, por el contrario, se ha ido ensanchan- do la brecha entre ricos y pobres. Esto se debe, entre otras cosas, al clientelismo político, entendido éste como el inter- cambio extraoficial de favores en el que muchos funcionarios

han subastado concesiones, contratos, cambios en leyes y cargos públicos en favor de la cúpula económica del país, debido principalmente, al financiamiento privado que recibieron de estos, en dinero o en especie, durante las campañas electorales. Quien llega al poder gracias a recursos privados, ejerce el cargo pagando los favores recibidos con los recursos de todos mexicanos.

Aunado a lo anterior, es importante entender que si los partidos no reciben dinero del Estado Mexicano, lo recibirán de cualquier otro lado, abriendo la puerta a un financiamiento aún más peligroso que el empresarial: crimen organizado/ narcotráfico, lo que implicaría un clientelismo distinto que pondría en riesgo la seguridad del país. Recordemos que el método de pago de estas organizaciones es el efectivo, imposibilitando rastrear pagos y movimientos, limitando así la fiscalización del dinero, transformando a su vez a la con- tienda electoral en una competencia desbalanceada en detrimento de nuestra ya de por sí débil democracia.

Además, la reducción de golpe de este financiamiento público a los partidos políticos representaría el despido de un considerable número de personas que son sostén económico de sus familias. Este tema, que para muchos podría ser irrelevante, en mi opinión, es fundamental sopesarlo por simple empatía.

Lo que los tiempos exigen es, primero, condicionar el monto del financiamiento a través de un mecanismo claro y objetivo que premie la calidad del quehacer de los institutos políticos (#SinVotoNoHayDinero); que la fiscalización de los recursos ejercidos por parte de estos sea más efectiva y eficiente, poniendo en práctica otros procedimientos de revisión. En este último tema, es importante no dejar de mencionar que la fiscalización de los recursos utilizados en campañas es sumamente ineficaz, debido, entre otras cosas, a que la autoridad electoral revisa lo registrado en la contabilidad de los partidos, dejando sin auditar los recursos utilizados en efectivo y en especie. Para abatir esta anomalía se tendría que reducir en nuestra economía, a nivel nacional y a través de la ley, el uso de efectivo, obligando al uso de medios electrónicos en las transacciones económicas y financieras, lo que permitiría rastrear las operaciones realizadas registradas en el sistema financiero mexicano. Asimismo, será vital que, una vez determinadas irregularidades, se sancione según la ley.

La verdad desde mi ignorancia. 




NOTAS RELACIONADAS