probusiness

POR Jesús Abbud Yepiz

El verdadero enojo es la corrupción sistémica que existe en nuestro país

El artículo tercero, fracción cuarta de nuestra Constitución Federal, señala la obligación de todos los mexicanos a contribuir a los gastos públicos de manera proporcional y equitativa; Esto con la finalidad  de que el Estado pueda financiar su operación y cumplir con sus obligaciones, además de implementar los programas que permitan dar cumplimiento a las metas y objetivos trazados en el Plan Nacional de Desarrollo que, al alcanzarlos, en teoría, debiesen representar una mejora sustancial en la calidad de vida de los y las mexicanas.

        A principios de año, el gobierno federal anunció la medida que libera los precios de los combustibles, provocando su encarecimiento, 14.2% para la gasolina magna; 20.1% en el caso de la Premium y 16.5% para el diésel, en comparación con el precio máximo que tuvieron dichos combustibles en diciembre del año pasado. Esto representa, desde el punto de vista económico,  un enorme peso por cargar para la ciudadanía, no solo en la cuesta de enero sino a lo largo del año, pese a estar acostumbrados ya, desde hace muchos años, al aumento constante en el precio de los mismos. El impacto que se avecina de manera directa en el bolsillo de las familias mexicanas, por un inevitable efecto domino que dará paso al aumento en los precios de diversos productos y servicios de uso común,  no tiene precedentes. 

        Esta medida, aseguró la autoridad federal, se debe a una necesidad de ajuste y de responsabilidad a mediano y largo plazo, toda vez que los precios mundiales del petróleo subieron, por ello, el modelo de mantener artificialmente los precios bajos (a través del subsidio) se convierte en inoperante, habiendo representado un costo de 200,000 millones de pesos a cargo del presupuesto federal. Además, argumentan que el impuesto en hidrocarburos es alto debido a que, como es ya es sabido, el consumo de los mismos tiene efectos negativos en el medio ambiente y, en consecuencia, en la calidad de vida de la población. 

       Pese a los argumentos, fundados o no en circunstancias financieras y económicas reales, lo cierto es que la impotencia y la rabia de una población mal tratada, versa no tanto en lo que representa disponer de menos ingresos para su desarrollo personal y familiar a cambio de no enflaquecer las arcas públicas del país, sino a razón de la sistemática corrupción que ha imperado en México a lo largo de la historia y, potencializada, de manera vergonzosa, en los últimos años. Esta se representa, enunciativamente, en gobernantes y funcionarios públicos convertidos en millonarios en el transcurso de 3 o 6 años, casas blancas, despilfarró de recursos a diestra y siniestra, desvío de fondos públicos, peculado, cohecho, simulaciones de probidad, sueldos y prestaciones laborales exorbitantes, sindicatos que no son más que paracitos de la ubre gubernamental, uso abusivo de funciones, ausencia de estado de derecho, impunidad, clientelismo político, deuda pública nacional y subnacional exponencial de las que se desconoce el destino de los recursos, ineficientes e ineficaces administraciones, nepotismo, improvisación en la función pública, discrecionalidad, opacidad y un largo etcétera. Acto seguido, lo anterior, muestra sus fatídicas consecuencias ipso facto: carreteras en pésimas condiciones, calles intransitables, hospitales en condiciones paupérrimas, escuelas desprovistas de las condiciones básicas para estimular el aprendizaje de niños, niñas y adolescentes; desempleo, o bien, empleo con remuneraciones ridículas; colonias enteras carentes de los servicios básicos: agua a corriente, luz, drenaje y gas; transporte público caro y de baja calidad, corporaciones policiacas de los tres órdenes de gobierno coludidas con el narcotráfico y la delincuencia organizada, programas sociales asistencialistas que encuban dependencia gubernamental para garantizar votos en futuros comicios, pobres cada vez más pobres, hambruna, analfabetismo, apoyo racionado a estudiantes y emprendedores, etc.

        La medida tomada por la autoridad federal pone como salvavidas de las finanzas públicas a la propia sociedad a través de sacrificar su poder adquisitivo. No cabe duda que,  si el actuar de las autoridades de nuestro país gozará de probidad y, por consecuencia, el gasto gubernamental generará valor público de manera tangible para todas y todos los mexicanos, la rabia y el enojo no serían de tal magnitud.
Siempre será válido ejercer nuestro derecho de manifestación que comunica nuestra inconformidad y enojo; cuidemos la legitimidad de la protesta a través del respeto al derecho de los demás. Señalemos y castiguemos a los oportunistas que aprovechan la crisis para saquear y dañar aún más al país.

La verdad desde mi ignorancia. 




NOTAS RELACIONADAS