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POR Luis Esquivel

Día con día crece una especie de certeza tanto en la clase política como en la sociedad y en los corrillos de opinión de que personajes como Roberto Borge, Guillermo Padrés, César Duarte, Rodrigo...

Día con día crece una especie de certeza tanto en la clase política como en la sociedad y en los corrillos de opinión de que personajes como Roberto Borge, Guillermo Padrés, César Duarte, Rodrigo Medina y Javier Duarte invariablemente terminarán en la cárcel. El sustento existe y parece que la intención también, el problema será ¿quién se cuelga las medallas?; porque en la lucha contra la corrupción también hay competencia y la foto de un “pez gordo” tras las rejas será un valioso mensaje a la sociedad.

      El más fácil de resolver será el caso del exgobernador de Sonora Guillermo Padrés, que ya cuenta con una orden de aprensión y que por su extracción partidista no causará un conflicto entre el gobierno federal y el estatal por el crédito de llevar a un funcionario ante la justicia. Si bien para Claudia Pavlovich –que dirige la segunda administración mejor calificada en el país- el hecho de que fuera su fiscalía anticorrupción la que investigara y consignara a su antecesor sería un importante incentivo y un aliciente para la candidatura presidencial que valora para 2024, también sabrá que sus oportunidades crecen con un gobierno federal priista por lo que no le molestará compartir el crédito –o cederlo incluso- si la medalla se la cuelga la federación.

       Le sigue en facilidad el caso Veracruz, el recién exgobernador y casi expriista es el que cuenta con el proceso más avanzado tanto en la justicia federal con una orden de aprehensión liberada, como en la justicia partidaria con un proceso de expulsión en curso. El PRI de Enrique Ochoa tuvo la habilidad de robarle los reflectores del caso al gobernador electo – el panista Miguel Ángel Yunes- tomándolo como caso emblemático al tratarse de una “autocrítica” por lanzarse en contra de uno de sus propios militantes. Las denuncias en contra del exgobernador Duarte son más numerosas que las que enfrenta cualquier otro exmandatario y será sin duda quien termine encarcelado más pronto. Idealmente sería desaforado y consignado antes del 1 de diciembre con el afán de quitarle la medalla al nuevo gobierno, y que sea el Gobierno Federal quien se quede con el logro. Por supuesto el logro será doble si como se especula, sale al mismo tiempo una orden de aprehensión contra el gobernador electo, cuyo pasado aún puede alcanzarlo y evitarle tomar protesta; dos pájaros de un tiro para el gobierno y el PRI, que representan no una sino dos medallas que más buscan impactar más en las elecciones de los municipios veracruzanos en 2017 para retomar el control, que en la presidencial de 2018. 

       Los casos de Quintana Roo y Chihuahua son un tanto más difíciles para el PRI, pues los gobiernos sucesores ya han tomado posesión y difícilmente dejarán ir el bono político que significara para ellos y sus partidos; sobre todo en Chihuahua donde el paso de César Duarte por el CERESO es una promesa de campaña del ahora gobernador Javier Corral. 

      Si gobierna como hace campaña, Corral luchará por que sea la justicia estatal y no la federal la que juzgue a su antecesor; teniendo las aspiraciones que tiene, combatir y castigar la corrupción sería su carta de presentación en el resto de la república. El PAN seguro apoyaría a su gobernador más rijoso, sobre todo al tratarse de una medalla que aún no han perdido y que con un buen timing probablemente no perderán. El dilema, para ambas partes está en el cuándo: para el Gobierno Federal y el PRI, adelantarse a Corral y buscar consignar al segundo Duarte en el corto plazo restaría el impacto en imagen que esperan como preparación para la elección de 2018, esperar a hacerlo en un año o más da la oportunidad al PAN y al Gobierno Estatal de actuar y adjudicarse la victoria. Y funciona igual en el sentido contrario, Javier Corral ya lucró políticamente con la idea de Cesar Duarte en la cárcel, y podría parecer que no pretende dejar de hacerlo, sin embargo para el Gobierno Estatal esperar a que se dé un momento más “propicio” en el que Corral pueda jugar la carta para recuperar credibilidad o legitimidad abre la opción para una consignación de parte de la PGR, mientras que hacerlo de inmediato sería quemar esa jugada demasiado pronto y así evitar que el PAN pudiera verse beneficiado en el aspecto electoral.

       Un caso similar es el caso de Roberto Borge en Quintana Roo, a diferencia de que poco se ha escuchado sobre el tema por parte del ahora gobernador el neo perredista Carlos Joaquín. En un intento por recuperar el caso, en el PRI será Borge el segundo en perder sus derechos partidistas y quien seguramente siga los pasos del Duarte veracruzano, aunque con más calma para acercar su captura al tiempo de la elección pues al contrario de Veracruz donde hay que actuar antes de la elección de 2017 o de Chihuahua donde se le tiene que ganar a Corral, en Quintana Roo el aparente desinterés del gobernador y la anticipada fuga de Borge al extranjero darán espacio para operar su consignación justo a tiempo.

       Finalmente, el PRI tendrá que luchar para retomar como propio el caso del exgobernador de Nuevo León Rodrigo Medina, quien ya transita por la calle con un amparo bajo el brazo. El Bronco no ha dejado la bandera de la persecución contra su antecesor, lo ha llevado a declarar, le ha embargado bienes y tiene aún varias cartas guardadas para usarlas en el momento idóneo, sobre todo ahora que ha anunciado su intención de competir por la presidencia de la república. 

       Y mientras el PRI y el PAN compiten para ver qué gobernador es menos corrupto y para definir que medalla se cuelga cada cual, el PRD parece quedar impoluto en esta ronda; mal hacen en fomentar una  investigación contra Marcelo Ebrard, que si bien ya no es su militante sí llevó sus siglas cuando gobernó el entonces Distrito Federal.

 




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