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POR Jesús Abbud Yepiz

La rotación exhaustiva de personal

La reforma constitucional en materia educativa dota al Sistema Educativo Nacional de los elementos que impulsan su mejoramiento y fortalecen la equidad, asegurando la obligación del Estado de garantizar la calidad de la educación pública obligatoria en nuestro país, a través de la evaluación periódica de los docentes.


     Esta reforma viene a desordenar la asignación de puestos públicos que el sistema gubernamental de México ha ido implementando a lo largo de su historia, por lo que no debe de sorprender el señalamiento de muchos maestros hacia la clase política de México y sus subordinados: “Y ustedes ¿para cuándo se evalúan?”.

    La meritocracia es un sistema político basado en el mérito, es decir, las posiciones y promociones son obtenidas con base al merecimiento, en virtud de la preparación académica, la competencia, la actitud y el talento específico para desarrollar un determinado trabajo. Este sistema permite la creación de una sociedad más justa, ya que todo lo obtenido por las personas que participan en ella, es a través del esfuerzo y preparación, y no por asuntos consanguíneos, de género, de afinidad política, de religión, de riqueza, entre otras. Lo anterior, con la salvedad de que todos los miembros de una sociedad tuviesen la misma oportunidad de acceso a la educación y preparación profesional. Si no, la meritocracia únicamente permearía en un solo sector, dejando rezagados a los grupos más vulnerables.


      En el sector público ocurre un fenómeno muy común: Los cambios de administración que ocurren cada determinado periodo de tiempo (trienios para municipios y sexenios para gobernadores y el ejecutivo de la república), generan una enorme rotación de personal, no solo en la cúpula sino en la estructura operativa. Y si bien, quienes toman protesta en los nuevos cargos al frente de la administración para el periodo constitucional correspondiente, buscan integrar a su gestión gente de confianza, y, en consecuencia, en muchas ocasiones, las partes sustantivas y de exigencia técnica en la entidad quedan desprotegidas y por lo general se vuelven ineficaces e ineficientes. La rotación exhaustiva fecunda corrupción y malos gobiernos. Se requiere de un marco constitucional que garantice personal capacitado para el manejo de los recursos públicos, basado en principios deontológicos que promuevan el correcto ejercicio de sus funciones, a través de la obtención de certificación y capacitación continua por instituciones oficiales.




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