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POR Jesús Abbud Yepiz

Andrés Manuel López Obrador hizo una encuesta en forma de votación que llamó Consulta Nacional, con recursos privados, en la cual participaron el 0.60% de la población del país, no hubo administración de riesgos y de la cual dijo sería vinculante para tomar una decisión sobre la continuación o no del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAICM), una vez que se le colocara la banda presidencial.

El Presidente electo recalcó que este ejercicio viene a establecer un verdadero empoderamiento de la población en el poder público, a través de este instrumento de democracia directa que, cabe mencionar, en cuanto al procedimiento realizado, no se encuentra considerado en nuestra Constitución ni en ninguna Ley que de esta emana. 
 
Lo interesante de este tema, más allá de cuál debe ser la decisión final sobre el NAICM desde un análisis técnico, profesional y serio, sobre la terminación o continuación de la obra, y mucho más allá de si esta se encuentra viciada por actos de corrupción del gobierno saliente, me parece importante hacer hincapié en el tema de la legalidad, y no con esto quiero decir que las decisiones anteriores de nuestros gobiernos federales se hayan hecho siempre en apego a este principio, sin embargo, si estamos hablando de un cambio de régimen y de una verdadera transformación de país, me parece fundamental exigir que la nueva vida de México comience a moverse a través de este principio fundamental de cualquier república. 
 
       La palabra corrupción, etimológicamente hablando, se define como Acción y efecto de corromper o corromperse, a su vez, Corromper se define como Alterar la naturaleza de una cosa, por lo tanto, la corrupción sucede en el gobierno cuando algo que es de naturaleza pública se convierte en materia de naturaleza privada sin que haya existido procedimiento legal alguno. Cuando un cargo o empleo, una institución o recursos públicos se utilizan para fines privados y no para aquellos fines previstos en nuestra Constitución y en nuestras Leyes, ahí hay corrupción. 
 
        Si la Constitución, de acuerdo a las fechas establecidas en ella, no te ha conferido ni facultado para realizar ciertos actos, y más grave aún, el resultado de estos es tomado como vinculante, simuladamente, me parece que estamos ante la alteración de la naturaleza de lo público a través de actos privados que no se encuentran dentro del marco legal vigente. 
 
La Constitución es bastante clara respecto a las consultas populares: 
Artículo 35: Son derechos del ciudadano:
Fracción III: Votar en consultas populares sobre temas de trascendencia nacional que estarán sujetas a lo siguiente:
Numeral 1: Serán convocadas por el Congreso de la Unión a petición de:
a) Presidente de la República
b) El equivalente al 33% de los integrantes de cualquiera de las Cámaras del Congreso de la Unión
c) Ciudadanos, en un número equivalente, al menos, al 2% de los inscritos en la lista nominal de electores, en los términos que determine la Ley. 
Numeral 5: La consulta popular se realizará el mismo día de la jornada electoral federal.
 
Recalco que el tema más importante a discutir, no es cual lugar es más idóneo para un Nuevo aeropuerto, más bien, como mexicanos tenemos que prestar mucha atención al tema de la legalidad, este tema que siempre nos ha costado tanto aplicar y por lo tanto exigir.  No es en contra del Presidente electo ni de sus militantes y simpatizantes, es a favor del respeto y cumplimiento a nuestro pacto social supremo: la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
 
La verdad desde mi ignorancia.



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