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POR Jesús Abbud Yepiz

México vivirá a mediados de 2018 tiempos decisivos que, según sea el resultado de la contienda, incidirá en la vida de todos: elegiremos Presidente de la República, Diputados y Senadores. En Chihuahua...

En Chihuahua, renovaremos o reelegiremos diputados locales, presidentes municipales y síndicos. Sin embargo, debido a lo anterior, la mayoría nos encontramos distraídos respecto a temas que son fundamentales para mejorar o empeorar –según sea el caso- nuestra democracia y, por consecuencia, la situación política y gubernamental de nuestro país. En este mes de diciembre, a más de 6 meses de la elección presidencial, los diputados federales deberán elegir entre renovar el periodo del actual Auditor Superior de la Federación, el C.P.C. Juan Manuel Portal Martínez, o elegir a otro aspirante para ocupar tan importante cargo que representa una parte toral del Sistema Nacional Anticorrupción. Este hecho, que no tarda en suceder, dejaría de ser tan importante si no nos encontráramos en el lugar 111 de 167 del índice de percepción de la corrupción emitido por Transparencia Internacional, así como otras mediciones que nos dejan mal parados en este penoso tema, o bien, si no tuviésemos muestras tan claras y vergonzosas como la enorme cantidad de ex gobernadores acusados de presuntos –o muy claros- actos de corrupción durante sus gestiones.

La Auditoría Superior de la Federación, así como los Organismos de Fiscalización Superior de las Entidades Federativas, juegan un papel fundamental en la democracia del país y de cada Estado: son las entidades garantes de la rendición de cuentas de todo aquel funcionario que maneje, recaude o administre fondos públicos. Sin estas, a pesar de sus limitaciones legales y políticas, el combate a la corrupción sería prácticamente inexistente.

Por lo anterior, es esencial que como ciudadanos estemos vigilantes de los procesos de selección para Auditor Superior de la Federación y, en su momento, para la elección de Auditor Superior de nuestro Estado, ya que, por ejemplo, Iván López Fernández, ex contralor del sexenio de Javier Duarte, ha formalizado su registro en el Congreso de la Unión para buscar ser el titular de la Auditoría Superior de la Federación para el periodo comprendido del 2018 al 2025. Este señor, López Fernandez, es ni más ni menos quien, en su momento, era el responsable de vigilar la actuación del gobierno estatal de Veracruz, comandado por el hoy preso por corrupción. Es decir que, dentro de los posibles aspirantes a fiscalizar el uso de recursos públicos en nuestro país por los próximos 7 años, se encuentra un individuo que por omisión fue cómplice directo de los tremendos desvíos de recursos de las arcas veracruzanas y que además se le señala por establecer empresas fantasma que recibieron cientos de millones de pesos en detrimento de la sociedad de este Estado.

Lo más importante a considerar sobre esto no es que Iván quiera ser Auditor Superior de la Federación, es que como ciudadanos estemos vigilantes de estos procesos de selección que debiesen ser publicitados y cuyo procedimiento debiese ser totalmente transparente, con el establecimiento mecanismos objetivos y claros que midan variables como el conocimiento, la experiencia, la capacidad técnica y, más que nada, la capacidad de practicar la independencia e imparcialidad de los aspirantes. Sobre estas últimas dos características, no me refiero a una persona apolítica –no existen-, ni siquiera alguien que no simpatice con ningún partido, más bien alguien que sea suficientemente profesional y ético para saber separar su simpatía partidista de su responsabilidad constitucional de hacer rendir cuentas a todos los funcionarios del país que manejen recursos federales.

Debemos evitar que los Congresos, tanto de la Unión como los locales, realicen selecciones de Auditores Superiores opacas y clientelares. No podemos permitir que negocien con el derecho de todos nosotros de contar con una institución a la altura de nuestras aspiraciones como país y Estado. La fiscalización superior es parte fundamental del combate a la corrupción y si esta Entidad pública se ve “manoseada” por intereses políticos y privados, estaremos forjando un Sistema Anticorrupción sin pies ni cabeza. Roto de origen y podrido de nacimiento.

Así es que, como buenos mexicanos, estemos pendientes y exijamos lo que necesitamos y merecemos porque, quien se elija como titular de esta institución, será quien tenga la encomienda de revisar las cuentas del próximo jefe del poder Ejecutivo Federal.

La verdad desde mi ignorancia. 




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