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POR Mario Reyna

Todas las autoridades fiscales están obligadas a respetar el principio de legalidad, no obstante, los formatos utilizados para multas empresas no respetan dicho principio.

El principio Constitucional de legalidad y de seguridad jurídica, insertos ambos en su artículo 16 expresa que la autoridad administrativa que efectúe un acto de molestia a un particular deberá siempre encontrarse debidamente fundado y motivado, estar por escrito y que sea emitido por una autoridad competente, es decir la autoridad a la cual específicamente se le delegó esa facultad.

Evidentemente, esta obligación debe trasladarse a los actos administrativos de naturaleza fiscal, especialmente a aquellos actos encaminados a realizar una revisión de la contabilidad del contribuyente.

Es decir, si el SAT o cualquier otra autoridad fiscal llegase a realizar una visita domiciliaria, revisión de gabinete o una revisión electrónica, estos actos deberán constar por escrito y encontrarse fundados y motivados.

Ahora bien, a la empresa se le suele imponer una multa por cada requerimiento de información que, durante una auditoría fiscal, no llegase a proporcionar, o se llegase a proporcionar de manera parcial. No obstante, estás multas regularmente son ilegales y en el presente se sostendrá dicho razonamiento.

Siendo entonces congruentes con lo anteriormente mencionado, la autoridad tiene por obligación y por exigencia Constitucional el específicar el hecho y el derecho que le faculta para realizar el acto.

En otras palabras, la autoridad deberá siempre citar el fundamento de ley respecto de lo siguiente:

a) El acto legislativo que le da competencia territorial.

b) El acto legislativo que le da competencia material.

c) El acto legislativo que le da competencia por grado.

d) La obligación a la que supuestamente estaba sujeta la empresa y que fue incumplida.

e) El acto legislativo que le permite a la autoridad fiscal el sancionar al contribuyente.

f) El Reglamento en donde el Poder Ejecutivo delega sus facultades atribuidas a favor de esa autoridad en específico.

 

En ese sentido, las multas que imponen las autoridades fiscales ya sea el SAT o las distintas Secretarías de Finanzas estatales son ilegales que el formato o “machote” utilizado para multar al contribuyente no se encuentran debidamente fundados y motivados, ya que carecen de uno o varios de los elementos descritos anteriormente.

Por lo que torna una incertidumbre jurídica al respecto, situación prohibída por el artículo 16 Constitucional. 

Consecuentemente se inválida el acto de referencia y se le remueve a la empresa la obligación de pagarla, previo procedimiento jurisdiccional.

Por último, es importante recalcar que existen diversos medios de defensa cuyo propósito es, precisamente, obtener la declaratoria de nulidad de un acto, dependiendo del tipo de fuero, pueden ser locales o federales, por lo que es necesaria la asesoría de un abogado experto en el ramo.




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