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POR Mario Reyna

La Ley FINTECH es la ley propuesta por el Gobierno Mexicano para regular todas las cuestiones relativas a las tecnologías financieras. De llegarse a aprobar tal y como se plantea ¿Qué podemos esperar?

El 10 de octubre de 2017 se presentó ante la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión, la iniciativa de la Ley para Regular las Instituciones de Tecnología Financiera, también llamada “Ley FINTECH” (Finance Technology), la cual, como su nombre lo indica, pretende regular y proveer de un cuadro normativo a todas las tecnologías en cuyo alcance se encuentre el tema financiero, como por ejemplo, las criptomonedas, los blockchains, regtech, insurtech, contratos inteligentes, entre otros. Dicha iniciativa sigue sin ser aprobada, no obstante se prevé que no pase mucho más tiempo para conocer su contenido final y su entrada en vigor.

Para comprender la repercusión que tendría el regular esta industria, consideremos que la tecnología financiera, entre el año 2016 y 2017 recibió un estimado de $17.4 billones de dólares en inversión.

Asi mismo, de acuerdo a estudios realizados por EY “Fintech Adoption Index”, un tercio de los consumidores a nivel mundial están utilizando uno o más servicios fintech.

Entonces, regresando al tema de la inciativa de la Ley FINTECH en México, su exposición de motivos nos señala el hecho de que en las últimas tecadas la tecnologia ha transformado radicalmente la forma en que se lleva a cabo el comercio de bienes y servicios a nivel global, las cuales se han desarrollado en armonía con la legislación que le es aplicable a las entidades financieras reguladas y supervisadas.

No obstante, se acepta que en este lapso de tiempo han surgido otras innovaciones tecnologcas y modelos de negocio que no cuentan con una regulación y superisión por las autoridades sobre las operaciones que llevan a cabo con sus clientes, por lo que hace necesario incluirlas dentro del sector regulado y supervisado del sistema financiero.

Todo lo anterior es congruente con el Cuarto Informe Trimestal Estadístico 2016 elaborado por el Instituto Federal de Telecomunicaciones en donde se establece que, a diciembre de 2016, el número de suscripciones de telefónia móvil en México llegó a 111.7 millones, mientras que el número de suscripciones de banda ancha móvil fue de 74.5 millones.

Ahora bien, el propósito en sí de la Ley Fintech es regular a las Instituciones de Tecnología Financiera (ITF, de ahora en adelante) y poner sobre la mesa el establecimiento de las condiciones para que las entidades financieras reguladas por esta y otras leyes puedan desarrollar innovaciones tecnológicas en espacios regulatorios seguros. Por lo que el reto será: no limitar demasiado ese giro comercial para evitar frenar la constante inversión, pero tampoco dotar de una autonomía excesiva que propicie o facilite el lavado de dinero o la defraudación a consumidores.

En este sentido, la iniciativa reconoce la necesidad de que un sector tan dinámico como lo es de la innovación tecnológica necesita urgentemente contar con una ley que permita a las autoridades disminuir los riesgos y permitir su expansión en un ambiente competitivo.

Esta Ley se encuentra como base expresa los principios de inclusión e innovación financiera, protección al consumidor, preservación de la estabilidad financiera, promoción de la sana competencia y prevención del lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.

Se destaca que las ITF estarían sujetas a autorización y supervisión por las autoridades financieras y por tanto requerirán de la autorización de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, quien a su vez, otorgará previa revisión de un Comité Interinstitucional, el cual estará integrado por 3 autoridades financieras clave: La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y el Banco de méxico.

 

Esta ley reconocería, primordialmente, 2 tipos de ITF:

1.- Crowdfundings o instituciones de financiamiento colectivo, las cuales son plataformas que ponen en contacto directo a personas interesadas en participar en esquemas de deuda, de capital y de copropiedad o regalías.

2.- Las instituciones de fondos de pago electrónico (e-money), como su nombre lo indica, regularán los pagos electrónicos, cuya definición es “el valor monetario emitido a la par contra la recepción de moneda de curso legal que servirá para hacer pagos y transferencias”.

Cabe decir que el dinero electrónico tiene ya mucho tiempo en uso, algunos ejemplos reconocidos son el servicio de PayPal, quien presuntamente tiene más de 150 millones de usuarios mundialmente, e-Cash, Webmoney o Payoneer, entre otros.

Por cierto, en el concepto de “dinero electrónico” no incluye a las criptomonedas, ya que la legislación mexicana los considera como “activos virtuales”, las cuales se definen como representaciones de un valor digital veritifcable, que no se encuentran emitidos ni respaldados por ningún banco central o entidad financiera, es decir, que no tienen curso legal pero que, a pesar de ello, se da su intercambio debido a su aceptación por el público, como por ejemplo, el Bitcoin.

Se contempla también que, debido a la velocidad con la ocurren los avances tecnlógicos la mayoría del tiempo no se permite a nuestro Poder Legislativo y Ejecutivo ajustar con la adecuada oportunidad los supuestos que incluirían las leyes y reglamentos de esta materia y más aún considerando que muchas empresas que desarrollan estos esquemas son de reciente creación.

Por lo anterior, la Ley FINTECH preverá la regulación de “Modelos Novedosos”, los cuales deberán contar con una autorización temporal, buscando que estos modelos otorguen sus servicios a un número reducido de clientes y por un tiempo limitado, permitiendo experimentar y desarrollar su innovación en el mercado real de forma controlada y supervisada por las autoridades.

Finalmente, en lo que refiere a la protección al usuario de los servicios ofrecidos por las Instituciones de Finance Technology, se designará a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF) para la solución de las controversias entre los usuarios y los proveedores de servicios financieros tecnológicos, recordando que dicha autoridad está facultada tanto para imponer multas como también para solicitar el auxilio de la fuerza pública.

Así las cosas, el reto que tiene esta ley es magnánimo, ya que nuestros legisladores deben sopesar la economía presente y encontrar el entramado idóneo para evitar frenar las inversiones realizadas a las empresas o ITFs, pero de alguna manera seguir procurando su autonomía y funciones.

Esta Ley tiene el potencial de convertirse en un precedente a nivel mundial. Por lo pronto seguiremos esperando a que nuestro Poder legislativo se pronuncie al respecto.




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